El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares señalados en la Ley de Amparo. Es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de los actos violatorios de las autoridades. La figura del juicio de amparo existe en México desde 1841. El juicio de amparo lo puede interponer toda persona que tenga interés legítimo, que crea que determinado acto, norma u omisión que se alega viola un derecho humano, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona demandante del amparo. El pasado 3 de marzo de 2021 fueron aprobadas las modificaciones de diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica que posteriormente fueron publicadas el 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal. Ante esta situación, el 11 de marzo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, otorgó una suspensión de carácter general a la nueva Ley de la Industria Eléctrica que aplica para toda la industria, derivado de los amparos interpuestos por dos empresas: Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana. Ante ello, el 15 de marzo, el presidente López Obrador declaró que había enviado una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), Arturo Zaldívar, denunciando la suspensión de la reforma eléctrica propuesta por su gobierno. Finalmente, el 17 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se aplicará a pesar de los amparos que se han concedido en su contra, y si se declara inconstitucional, su gobierno buscaría modificar la Constitución.
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