ANTECEDENTES
El 4 de agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil[1] en contra de 11 de las más grandes empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos (“EEUU”), a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, y por "falta de responsabilidad corporativa”.[2]
La demanda se presentó ante una corte en Boston, Massachusetts, donde los litigantes de ambas partes ya han presentado sus alegatos orales para que el juez decida si la demanda será admitida a juicio o no, lo cual se prevé que ocurra en las próximas semanas.[3]
La Cancillería mexicana ha reconocido que el proceso ante los tribunales será largo. El primer reto para el Gobierno de México ha sido demostrar que tiene el derecho de demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en EEUU. A pesar de esto, el Gobierno mexicano ha dicho que está dispuesto a llegar hasta la Suprema Corte de EEUU, pues desde el 2004 el flujo de armas ha incrementado de forma exponencial, lo cual ha traído graves consecuencias para nuestro país, por ejemplo, el incremento exponencial en los homicidios con arma de fuego en México:
Elaboración propia con datos del CDC y el SESNSP
En este trabajo de análisis, se enumeran los principales argumentos de los litigantes, así como algunos datos con los que el gobierno de México respalda la importancia de la demanda, para lograr disminuir la violencia en el país.
OBJETIVO DE LA DEMANDA
La Secretaría de Relaciones Exteriores (“SRE”) preparó esta demanda desde el 2019, como parte de su estrategia en la lucha contra el tráfico de armas, una de las principales prioridades del Ejecitivo Federal en materia de política exterior. El tema ha sido mencionado en cada una de las reuniones bilaterales con EEUU e incluso fue uno de los temas principales que tocó el presidente López Obrador en su discurso en la ONU.
El abogado principal del gobierno de México, Steve Shadowen, quien tiene un prestigioso bufete de abogados en Texas, mencionó que lo que buscan con este caso “es una orden de la Corte que requiera a los fabricantes reformar el sistema de distribución de armas”.
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que el objetivo de la demanda era lograr que los fabricantes fueran más responsables en la venta y comercialización de sus armas. El Gobierno busca una indemnización por daños que sería definida por el tribunal, pero que, según estimaciones de la Cancillería, podría alcanzar el 2% del PIB de México. [4]
¿QUÉ HA PASADO DESDE QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA?
El 4 de agosto de 2021 la SRE informó que presentó la demanda ante la Corte Federal de Boston; unos días después, el 20 de agosto, la Corte aceptó el litigio.[5]
No fue hasta el 22 de noviembre de ese año que las empresas demandadas se pronunciaron sobre el tema, pidiendo que se desechara la demanda, pues según ellos, el Estado mexicano no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio y apuntaron que no se ha demostrado que sean responsables de la ola de violencia y que no hay razón alguna de que la demanda se haya presentado en Massachussets (donde existen más jueces liberales).[6]
Posteriormente, el 31 de enero de 2022, el gobierno de México presentó documentos de réplica para responder a esta petición de las empresas demandadas, en los cuales se incluye un reporte de expertos legales que abona al argumento del daño ocurrido en territorio mexicano, por lo cual no contarían con la inmunidad de la que gozan en EEUU.
La respuesta también incluye un análisis econométrico que respalda que el número de armas traficadas en los últimos años está relacionado con la violencia y especifica que durante la última década ha confiscado más de 250,000 armas provenientes del Estado de Massachussets, por lo que es legítimo que la demanda se presente en dicho estado.[7]
Por último, el 12 de abril de este año los litigantes de ambas partes presentaron sus alegatos orales ante el juez, para que decida si la demanda será admitida a juicio o no.[8]
EMPRESAS DEMANDADAS
¿QUIÉN HA APOYADO AL GOBIERNO MEXICANO?
Una veintena de Estados, entre ellos los demócratas California y Nueva York, han respaldado la demanda, así como 25 fiscales estadounidenses de distrito. Asimismo, el gobierno de México fue reconocido por la Arms Control Association, organización civil estadounidense que reconoce a aquellas personas u organizaciones que luchan para que exista un mejor control sobre las armas en el mundo.[9]
Además, de forma paralela a la contrarréplica de la Cancillería, el 1 de febrero, diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, profesionistas y víctimas de la violencia armada unieron sus esfuerzos y, con apoyo de despachos de abogados estadounidenses, presentaron ante la corte, varios escritos en apoyo a los argumentos del gobierno.
La lista es larga: uno firmado por profesores y expertos en derecho, otro por 28 fiscales de EEUU, uno especialmente convincente de expertos en litigio transnacional, otro redactado por 13 procuradores estatales de EEUU y uno más trabajado por las cinco principales organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema del control de armas en los Estados Unidos. En todos los casos la recomendación es la misma: el proceso judicial debe continuar; las empresas armamentistas no son inmunes a la justicia.[10]
ARGUMENTOS DE MÉXICO
Desde la perspectiva mexicana, las empresas demandadas se han enriquecido a expensas de armar a carteles del narcotráfico y otros grupos criminales, siendo deliberadamente omisos y negligentes en los controles de a quién se venden y dónde terminan sus productos.
El Gobierno mexicano afirma que las armas de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos17,000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en nuestro territorio vienen de EEUU.
La demanda presentada por México, enumera más de un centenar de crímenes ocurridos en México desde 2004 en los que las armas utilizadas para matar habían sido traficadas ilegalmente desde EEUU.[11]
La argumentación del gobierno mexicano se puede estructurar en 6 grandes categorías:
A. Los demandados tienen responsabilidades legales para distribuir sus armas de forma segura, evitando armar a los grupos criminales en México.
B. Los demandados son conscientes de que su conducta causa tráfico ilegal de sus productos hacia México.
C. Los demandados asisten y ayudan activamente con el tráfico de armas a los carteles mexicanos.
D. Los demandados maximizan sus beneficios al traficar armas.
E. El gobierno de México ha tomado medidas razonables para tratar de protegerse de la conducta ilícita de los demandados.
F. La conducta ilegal de los demandados ha traído graves consecuencias para México.
A continuación, se desarrollan cada uno de los argumentos:
A. Los demandados tienen responsabilidades legales para distribuir sus armas de forma segura, evitando armar a los grupos criminales en México
El gobierno de México asegura que las empresas demandadas, voluntariamente asumieron una serie de responsabilidades para cumplir con todas las “leyes relevantes” que normen el tema y aceptaron tener “el más alto estándar de cuidado” en su actuar.
Dado esto, cada empresa debe cumplir con lo expuesto en una serie de leyes, tanto de EEUU como de México, entre ellas:
· La ley mexicana de importación de armas.
· La Ley de Agravios de México.
· Las Leyes de Exportación de Armas de EEUU.
· Las Leyes estatales de EEUU aplicables a Armas.
· La Ley de Agravios de México.
Un argumento clave de la parte mexicana es refutar la inmunidad de la que goza la industria armamentista en EEUU, que les impide ser demandados por daños a particulares. Lo que dice el gobierno mexicano es que los daños se cometieron fuera de territorio estadounidense y como la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas no menciona explícitamente que el blindaje aplica en el extranjero, es válida la demanda.
B. Los demandados son conscientes de que su conducta causa tráfico ilegal de sus productos hacia México
El gobierno argumenta que estas empresas saben que muchos de sus clientes son revendedores (o dealers), quienes son los responsables de vender gran cantidad de armas a los grupos criminales.
Para soportar este argumento, el gobierno de México expone que el estado mexicano y los medios de información, tanto nacionales como internacionales, han informado que el sistema de distribución de los demandados facilita el tráfico de armas, haciendo imposible el desconocimiento del destino final de sus productos y al no haber hecho nada para terminar con esto, han sido negligentes.
C. Los demandados asisten y ayudan activamente con el tráfico de armas a los carteles mexicanos
Esto lo hacen, supuestamente, a través de algunas prácticas como:
· El Straw purchasing, que consiste en venderle las armas a personas que efectivamente tengan una licencia para comprar armas, para que ellos luego las revendan a los cárteles mexicanos.
· Vender “armas perdidas”. La demanda menciona que cada 2 minutos se “pierde” un arma en EEUU, y luego estas son catalogadas como robadas cuando no necesariamente lo son; el gobierno de México asegura que muchas de las armas que son ilegalmente vendidas a los cárteles son parte de esta lista.
· Gun shows que son convenciones en las cuales se suelen vender grandes cantidades de armas, sin las exigencias de licencias que mantienen los locales.
· Diseñando sus armas como armas de asalto de estilo militar, las cuales supuestamente son las que “atraen a los grupos criminales”.
El documento señala que las armerías no sólo son conscientes del tráfico hacia el país, sino que lo alientan de forma negligente con campañas publicitarias y productos especialmente diseñados para atraer a los grupos criminales.
D. Los demandados maximizan sus beneficios al traficar armas
El gobierno acusa que estas empresas, intencionalmente, crearon un sistema de distribución que incentiva las ventas al mercado criminal, con lo cual una parte substancial de los beneficios de las empresas proviene de sus ganancias del tráfico de armas a México
Con base en las estimaciones del gobierno de México, el valor de las armas traficadas desde EEUU a México supera los $250 millones de dólares anuales. Sin embargo, el gobierno refiere que estos datos son estimaciones; las ganancias e ingresos reales obtenidos por los demandados del suministro a delincuentes en México pueden ser aún mayores. Por otro lado, las ventas anuales de estas firmas a clientes en México, según el Gobierno mexicano, rebasan las 340,000 armas al año.
Para fundamentar que las empresas se benefician de la demanda de armas de los carteles mexicanos, el gobierno argumenta que la venta de armas en el sur de EEUU es sumamente mayor que en el norte. Esto se ve reflejado en el cambio porcentual de licencias de armas concedidas en estados fronterizos contra los no fronterizos de México:
Elaboración propia con datos del Gobierno de México
E. El gobierno de México ha tomado medidas razonables para tratar de protegerse de la conducta ilícita de los demandados
Con el objetivo de refutar los probables argumentos de los demandados, el gobierno de México hizo una lista de los esfuerzos que ha emprendido por detener el tráfico de armas hacia su territorio, entre las cuales resaltan que:
· El gobierno ha restringido significativamente la posesión y el uso legítimos de armas de fuego en México, por medio de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Bajo esta legislación, únicamente existe un vendedor de armas en México: la Secretaría de la Defensa Nacional.
o Señala que incluso la ONU ha remarcado que México cuenta con una de las legislaciones de armas más restrictivas del mundo y es un país “insignificante” en el mercado de producción de armas.
· El gobierno ha implementado leyes y políticas para tratar de limitar el número de armas legales e ilegales que llegan a México.
· Ha implementado otros programas para tratar de suavizar los efectos de la conducta de los demandados.
· Se implementó la Iniciativa Mérida, un programa que reconocía los problemas que traía el tráfico de drogas y armas, tanto en México como en EEUU.
F. La conducta ilegal de los demandados ha traído graves consecuencias para México
El gobierno de México responsabiliza a las empresas por muchos de los problemas que enfrenta. La demanda enlista una serie de datos, de los cuales culpa a los demandados, entre las que más destacan se indica que:
· El aumento de los homicidios: el gobierno respalda esto con un estudio econométrico, que relaciona la producción de armas en EEUU con la tasa de homicidios en México, los cuales han aumentado hasta en 10 veces desde el 2004.
o 2004 es un año clave para el caso, pues fue cuando George Bush eliminó la prohibición de la comercialización de armas de asalto.
o Ningún país experimentó un aumento de homicidios similar durante este período.
o El porcentaje de homicidios en México cometidos con arma de fuego pasó de 25% en 2004 a más de 69% en 2018.
o Antes del 2004, los homicidios en México presentaban una tendencia a la baja, a tal punto que en 2003 se registraron menos de 2,500, mientras que en el 2018 se registraron 36,685.
o México tiene la tercera mayor cantidad de muertes relacionadas con armas en el mundo: en los años de 2007 a 2019 vieron más de 180,000 homicidios cometidos con armas de fuego en México.
Elaboración propia con datos del Gobierno de México y el Inegi
“Es más probable que un arma fabricada en los EEUU se use para asesinar a un ciudadano mexicano (17,000 en 2019) que a un ciudadano estadounidense (14,000 en 2019). Y México tiene solo el 40% de la población de EEUU y una sola tienda de armas.”
ARGUMENTOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ARMAS
Ante los argumentos del gobierno mexicano, los fabricantes han respondido que (i) no hay evidencia suficiente para responsabilizarles del uso inadecuado de sus armas, (ii) que el caso no cae en la jurisdicción de Massachusetts y que (iii) están blindados ante cualquier demanda por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, un estatuto impulsado por los propios fabricantes durante la Administración de George W. Bush que los protege de cualquier litigio iniciado por terceros en suelo estadounidense.
Durante la sesión del 12 de abril de este año, el juez que lleva el caso, Dennis Saylor, cuestionó al gobierno de México, aludiendo a uno de los principales argumentos de los demandados: si es correcto que un país demande en EEUU a las armerías por crímenes cometidos en dicho país, la decisión de admitir esta demanda se traducirá en que otros países busquen juicios similares en los tribunales estadounidenses.
“¿Si los ucranianos están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o un revólver de Smith & Wesson para defenderse, entonces el Gobierno ruso puede venir y argumentar que se les causó un daño?” mencionó el juez.
Las empresas demandadas también han argumentado que (iv) no se les puede culpar por la “incompetencia” del Gobierno mexicano en hacer frente a la crisis de violencia que azota al país, pues “las compañías de armas fuego no tienen el deber legal de proteger al Gobierno mexicano de criminales mexicanos que abusan de esas armas en México.”
Respuesta del gobierno de México
Ante estos contraargumentos, el gobierno de México puntualizó que “esta demanda no cuestiona las leyes, políticas o acciones de EEUU o su gobierno; el caso no tiene nada que ver con la segunda enmienda[12]. Lo que queremos dejar claro es que los cárteles no están protegidos por la segunda enmienda y los demandados no tienen derecho a suministrarles armamento”.
El argumento principal es que las empresas demandadas “podrían detener el tráfico de armas y deciden por voluntad propia ser ciegos ante estos hechos”.
Uno de los puntos más complicados sobre este litigio será mantener el nivel de debate sobre los daños ocurridos en México, incluso Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, ha comentado que “las circunstancias de este litigio son propias y particulares de México”.
CONSECUENCIAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
¿Qué pasaría si México perdiera la demanda?
Carlos Pérez Ricart, profesor Investigador del CIDE, menciona que a mediano plazo, incluso perdiendo el litigio, la presentación de la demanda podría provocar 3 consecuencias positivas, que son:
· Cambios positivos en la manera en que las empresas comercializan y fabrican sus armas, pues podría ser más común encontrarnos con demandas similares.
· Mayores regulaciones por parte del gobierno de EEUU; como la demanda respalda la política del Presidente Joe Biden, sobre regular de forma más estricta la producción y comercialización de las armas, puede ser un argumento más para lograrlo, lo cual sería beneficioso no sólo para México, sino para el mundo.
· Más trabajo en equipo entre los activistas de México y EEUU pues la demanda ofrece una ventana de oportunidad para que los grupos de activistas alineen sus intereses y trabajen juntos en este tema en el que apenas existe una agenda común.[13]
¿Qué pasaría si México gana la demanda?
Si el juez fallara a favor del gobierno mexicano, se lograría el objetivo de la demanda, el cual es que los fabricantes de armas reformen el sistema de distribución de armas, haciendo que sean más responsables en la venta y comercialización de sus productos.
Además, el Gobierno obtendría una indemnización por daños que será definida por el tribunal. Asimismo, la demanda enumera los siguientes costos que deben ser valorados para la determinación de los daños:
· Las pérdidas de inversión pública que pudieron destinarse a servicios públicos, pero que fueron destinados a contrarrestar la “conducta de los demandados”.
o Un estudio estima que los costos del gobierno para tratar de prevenir la escalada de la violencia armada ascienden a más del 1.5 % del PIB.
· Costos en salud y cuidado médico.
· Costos de entrenamientos adicionales para la policía y los militares.
· Costos asociados a las muertes y daños sustanciales a elementos policiales y militares.
· Costos de servicios de salud mental, tratamientos, rehabilitación y servicios sociales para las víctimas y sus familias.
· Costos del reforzamiento de la ley relacionada con la “epidemia de la violencia armada”, de arrestar y perseguir criminales armados.
· Costos de lidiar con el creciente número de crímenes causados por la disponibilidad elevada de armas traficadas.
· Costos de la carga al sistema judicial.
· Costos de la ayuda dada a los niños cuyos padres fueron víctimas de la “conducta de los demandados”.
· Pérdidas por el menoscabo de la eficiencia y el tamaño de la población trabajadora.
· Pérdidas de la disminución del valor de las propiedades en las comunidades afectadas por la conducta de los demandados.
· Pérdidas de la caída en la inversión de negocios y de la actividad económica.
o Sobre este punto, la demanda incluye la medición que realizó el Índice de Paz de México 2020 del Instituto para la Economía y la Paz, la cual estima que el impacto económico de la violencia en México en 2019 fue de $238 mil millones de dólares, lo cual equivale al 21.3% del PIB de México.
La demanda incluso menciona que México sería un lugar muy diferente si no hubiera tráfico de armas:un lugar más seguro, un lugar en el que se gastarían menos dólares de los impuestos en prevenir y responder a la violencia y el tráfico de drogas, y se podría gastar más en educación, servicios sociales y otros esfuerzos para mejorar vidas de manera positiva.
Es difícil pensar en las consecuencias, pues expertos como Eugenio Weigend, especialista en violencia armada del Center for American Progress, menciona que la demanda es histórica y que no encuentra un caso similar, quizá porque pocos países como México han sufrido tanto por la violencia armada, incluso cuando no produce armas.
Algunos expertos han señalado que incluso, sin importar el resultado de la demanda, el simple hecho de presentarla le ha dado visibilidad al tema tanto en México como en Estados Unidos.
Por otro lado, el resultado de la demanda no solo tiene implicaciones para nuestro país sino también para Estados Unidos ya que la venta y distribución de armas ha sido también un tema objeto de fuertes discusiones entre conservadores y liberales desde hace décadas. Además de que, como se menciona en la demanda, detener el flujo de armas a los cárteles mexicanos no solo reduciría la violencia en el país sino también reduciría el tráfico de drogas a Estados Unidos.
PUNTOS CLAVE Y TEMAS A CONSIDERAR
· El primer reto para el Gobierno mexicano ha sido demostrar que tiene el derecho de demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en EEUU.
· El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que el objetivo final de la demanda era lograr que los fabricantes estadounidenses fueran más responsables en la venta y comercialización de sus armas. El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que, según estimaciones de la Cancillería, podría alcanzar el 2% del PIB de México. [14]
· Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del CIDE, menciona "que no quepa la menor duda: el mayor generador de violencia criminal en México no es el mercado de drogas, sino el de armas en Estados Unidos."
· El gobierno sostiene que el aumento de los homicidios en México puede ser responsabilidad de las empresas demandadas, pues un estudio econométrico señala la relación directa que existe entre el tráfico de armas estadounidenses y los asesinatos en México, que al igual que el trafico de armas, han aumentado exponencialmente desde el año 2004.
· Es más probable que un arma fabricada en los EEUU se use para asesinar a un ciudadano mexicano que a un ciudadano estadounidense. Y México tiene solo el 40% de la población de EEUU y una tienda de armas.
· Alejandro Celorio explicó que la última etapa que ha ocurrido fue la producción de evidencia que permitió conocer qué tanto saben las empresas del destino de sus productos en la audiencia. El siguiente paso es la decisión del juez sobre la admisión de la demanda, la cual no tiene una fecha exacta, pero se espera que se conozca en las próximas semanas.
STRAD INFORMACIÓN
[1] El texto de la demanda : https://www.gob.mx/sre/documentos/texto-integro-de-la-demanda-civil-que-el-gobierno-de-mexico-sometio-en-la-corte-federal-de-distrito-de-massachussets-288207 [2] Gobierno de México (2021) consultado el 21 de abril en: https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-demanda-por-danos-a-fabricantes-y-distribuidores-de-armas-en-estados-unidos [3] El País. (2022) consultado el 22 de abril en: https://elpais.com/mexico/2022-04-12/mexico-se-ve-las-caras-por-primera-vez-con-la-industria-armamentista-de-ee-uu.html [4] El País. (2021) consultado el 21 de abril en: https://elpais.com/mexico/2021-11-22/mexico-inicia-una-ofensiva-diplomatica-para-frenar-el-trafico-de-armas-desde-ee-uu.html [5] El País. (2021) consultado el 22 de abril en: https://elpais.com/mexico/2021-08-04/mexico-demanda-a-11-companias-en-ee-uu-por-facilitar-el-trafico-ilegal-de-armas.html [6] El País (2021) consultado el 23 de abril en: https://elpais.com/mexico/2021-11-23/las-empresas-de-ee-uu-acusadas-de-trafico-de-armas-cuestionan-la-legalidad-de-la-demanda-de-mexico.html#?rel=mas [7] Expansión (2022) Consultado el 23 de abril en: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/ 17/fabricantes-de-armas-contraatacan-se-defienden-en-eu-ante-demanda-de-mexico [8] Latinus (2022) consultado el 23 de abril en: https://latinus.us/2022/04/12/comienza-la-audiencia-por-la-demanda-de-mexico-contra-fabricantes-de-armas-en-eu-buscan-probar-su-responsabilidad-en-la-violencia-de-los-carteles/ [9] Expansión. (2022) consultado el 22 de abril en: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/14/mexico-gana-reconocimiento-por-su-demanda-contra-fabricantes-de-armas [10] Stop US arms to Mexico (2022) consultado el 24 de abril en: https://stopusarmstomexico.org/la-sociedad-civil-y-el-estado-mexicano-contra-las-armas/ [11] El País. (2021) Consultado el 23 de abril en: https://elpais.com/mexico/2021-08-05/el-dia-que-mexico-se-rebelo-contra-el-trafico-ilegal-de-armas.html [12] La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. [13] Sin Embargo (2021) Consultado el 23 de abril en: https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160 [14] El País. (2021) consultado el 21 de abril en: https://elpais.com/mexico/2021-11-22/mexico-inicia-una-ofensiva-diplomatica-para-frenar-el-trafico-de-armas-desde-ee-uu.html
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